Si los términos se cuentan desde la fecha en que fue recibida la demanda, el término venció el 25 de junio, y la contestación se presentó un día antes : el 24 de junio de 2004. Sala: sala séptima de revisión El juicio previo, por el que se dictó sentencia, en el apartado "antecedentes de hecho". ¿Prohíbe la constitución que indígenas usen arcos y flechas en las marchas? Dicho elevador tenía el dispositivo de bloqueo que impide la caída del vehículo averiado. /Author (CENDOJ) En concreto, el TC señala que los padres y las madres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, por lo que exhorta al Congreso a modificar el artículo 20 del Código Civil, estableciendo los mecanismos para la resolución de discrepancias entre los progenitores. Para la Magistrada los términos empezaron a correr desde el día 4 de junio de 2004, que es el día siguiente a la fecha del oficio con el que se remitió la comunicación sobre el inicio de la acción popular. La Dra. EXHORTAR al Congreso de la República para que modifique el artículo 20 del Código Civil, en el sentido de establecer un mecanismo de solución ante la disconformidad de los progenitores para asignar el orden de apellidos de los hijos. [Lee también: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EMITE HISTÓRICA SENTENCIA QUE RECONOCE EL DERECHO A LA PROTESTA Y SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ]. Las demás, al tratarse de autoridades administrativas o particulares en ejercicio de funciones públicas, no tendrían porqué tener tal facultad. Ha concertado un seguro de responsabilidad civil con ALLIANZ. Facebook ���� V. 3. %PDF-1.4 Activate your 30 day free trial to continue reading. A folio 57 del cuaderno principal, con sello original de la “Agencia Postal, Jamundí Valle, Adpostal”, obra la “Planilla de entrega certificados a domicilio”, de fecha 9 de junio de 2004. La misma fue admitida mediante auto No. 4. El plazo razonable y la estrategia de “chambonería criolla”. Reiteró la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la improcedencia de la acción de Descripción del contexto de los hechos. 2. Por todas estas razones precedentemente expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE JUICIO DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la solicitud formulada por los ABG. El Problema Jurídico (pregunta): ¿será que a Dagoberto se le vulnero el derecho a la En concordancia con lo anterior, todas las pretensiones de la demanda están dirigidas contra esa entidad territorial, dado que es la competente para cumplir lo que se disponga en relación con las mismas, sin que aparezca alguna otra autoridad o persona comprometida con dicha conducta omisiva. Diseñado por Elegant Themes | Desarrollado por WordPress. 5.7 Así las cosas, en vista de la amplia interpretación del Consejo de Estado en segunda instancia en lo concerniente a las acciones populares y con el fin de no interferir innecesariamente en el caso sub exámine, el Magistrado ponente le solicitó a la Secretaría del Consejo de Estado información relacionada con la interposición del recurso. Acuerdo plenario 01-. del año la prisión. 5.2 Sin embargo, en las acciones populares la ley estableció una normatividad especial de aplicación prevalente en la que en razón de los derechos colectivos objeto de protección, el legislador sólo contempló la existencia de los recursos de reposición y apelación, así : “Artículo 36.- Recurso de reposición. Cuando inicias sesión por primera vez en una red social, recopilamos la información de tu perfil público, dependiendo de tu configuración de privacidad. endstream Explicó la sentencia : "Hecha esta precisión, para la Corte es claro que la medida contenida en la norma bajo revisión no se opone a la Carta Política pues consulta la naturaleza expedita de las acciones populares, en la medida en que al imprimirle celeridad a su trámite judicial propende por la efectividad de los derechos e intereses colectivos amparados por dichas acciones, que según se analizó se caracterizan por demandar del Estado una labor anticipada de protección. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. 5. Que se ordene a la Magistrada Bertha Lucía Luna Benítez que deje sin efecto el auto interlocutorio 738 del 3 de septiembre de 2004, que abrió a pruebas y que declare la nulidad de lo actuado a partir de ese auto, para que tenga en cuenta la contestación oportuna de la acción popular. 5 0 obj La sentencia que se ha analizado para la realización de este trabajo es una apelación de un procedimiento penal llevado a cabo por dos delitos: uno contra la salud y seguridad de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia. El trámite de las acciones populares. En tal sentido debe interpretarse la norma para salvaguardar la efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia, que no puede consistir en la simple oportunidad de presentar una solicitud, como la que aquí se debate, ante el juez respectivo, sino que debe comprender el estudio serio y razonado del asunto planteado hasta llegar a una decisión, salvo que no se cumplan los requisitos mínimos que la ley exige para su trámite. 1. 6. FREMAP a su vez, tiene asegurada la responsabilidad civil de la compañía con MAPFRE Empresas. 2º Foro Jurisprudencial. Es decir, ignoró la prueba y omitió su valoración, lo que, para el demandante de esta tutela, constituye una vía de hecho por arbitraria valoración probatoria y omisión de pruebas, asunto que  ha sido examinado en sentencias de la Corte Constitucional. A tal conclusión llegan al razonar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dispuesto la inconvencionalidad de la limitación de derechos políticos por parte de autoridades administrativas. Es entender la apelación como el mecanismo que permite asegurar que sobre las decisiones judiciales exista un mayor grado de certeza y remediar, si es del caso, los errores judiciales. Notificaciones de las entidades públicas. Consideró que con esta acción, la demandante busca que se dejen sin efecto unas providencias judiciales proferidas dentro de un proceso en curso, finalidad que no es procedente. Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005). En cuaderno separado obra copia del trámite de la acción popular. PROCESO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PERDIDA O DAÑO DE BIENES DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SUS ENTIDADES ADSCRITAS O VINCULADAS O LA FUERZA PUBLICA-Notificación por conducta concluyente/PROCESO DE RESPONSABILIDAD . But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience. Por Pablo García Manzano . (…)”, 5.3 El juez competente para conocer la apelación es el Consejo de Estado, pues, de acuerdo con el artículo 16 de la misma Ley, mientras entran en funcionamiento los juzgados administrativos “de las acciones populares interpuestas ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa conocerán en primera instancia los Tribunales Contencioso-Administrativos y en segunda instancia el Consejo de Estado.”. endobj The SlideShare family just got bigger. Considera la Sala que para resolver tal solicitud es necesario hacer la siguiente precisión: Se está dentro del trámite de la Acción Popular incoada por el señor Roberto Ramírez Rojas contra el Fondo de Ventas Populares de Santa Fe de Bogotá, D. C. Al respecto se advierte que las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución Nacional, desarrollado por la Ley 472 de 1998  (norma especial aplicable en estos asuntos)  a través de la cual el legislador fijó los elementos procesales para hacerla operable, señaló el procedimiento aplicable, el que por razón de la naturaleza propia de la acción debe ser ágil y sencillo, dispuso además el impulso procesal de manera oficiosa, respetando los principios de prevalencia del derecho sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. representación de su hija JHOJANA RUDAS GUEDES, En la sesión del Pleno del Tribunal Constitucional, de fecha 23 de marzo de 2021, se, reunieron los magistrados a efectos de pronunciarse sobre la demanda que dio origen al, Los magistrados Ledesma Narváez, Miranda Canales, Ramos Núñez y Espinosa-. Sentencia bajo radicación número 1001-03-15-000-2011-00164-00 (P.I. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Fecha de la sentencia: catorce (14) de abril de dos mil once (2011) Antecedentes o Hechos . Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. Jurinfo - Sentencia de Control de Constitucionalidad C-136 de 2016. [7] Usuga, L. (2020). En esa ocasión, usó el elevador de la sección de chapa y pintura. Allí se examinó si se vulneraba, entre otros, el derecho de defensa al haber consagrado el recurso de reposición como único medio de impugnación contra los autos dictados dentro del trámite de una acción popular. Es decir, no se refirió al caso en concreto. Sin embargo, si la persona a quien deba hacerse la notificación, o su delegado, no encontrare o no pudiere, por cualquier motivo, recibir la notificación, ésta se practicará mediante entrega que el notificador haga al empleado que lo reciba de copia auténtica de la demanda y sus anexos, del auto admisorio y del aviso. ¿Son los hipermercados y los supermercados tan diferentes? 73 Ref: Proceso D-001 Santa, Análisis de la Sentencia No. Asismismo, el TC señaló que se acreditó la vulneración del derecho a la identidad de la demandante, así como el principio-derecho de igualdad y no discriminación en razón al sexo en la elección de los apellidos. La Alcaldía inconforme con esta decisión presentó recurso de reposición contra el auto de sustanciación y pidió que la audiencia se aplazara hasta cuando fuera admitida la contestación de la demanda, que había sido presentada oportunamente. Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. El Comunicado No. Instagram, Beto Ortiz: “Nunca he hecho tanto lo que me da la gana como en este canal”, "La primera presidenta mujer del Perú, asume en un escenario de crisis. Esta empresa es de Don Mateo (Gerente), el cual, ha asignado unas determinadas funciones a los trabajadores a su cargo y ha suscrito una serie de acuerdos con distintas entidades, a saber: Ha designado a Don Felipe como Jefe del Taller, y también de la sección mecánica del taller. CONTRA DECISIÓN DEL, “SENTENCIA AGRARIA INCONGRUENTE, LA QUE INTRODUCE UNA NUEVA ACCIÓN EN SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHOS”. V. 2. V-14.578.895. 10. 1431-140808-07-1121 de fecha 25 de Julio de 2007 Transfusión con hemoderivados a pacientes Testigos de Jehová En esta sentencia la, Descargar como (para miembros actualizados), Incidentes De Aclaración De Sentencia En Amparo. �\ Ը También obtenemos tu dirección de correo electrónico para crear automáticamente una cuenta para ti en nuestro sitio web. c) En relación con el alcance de la apelación tal como está contemplada en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, dijo : IV. presunción procesal del. En auto del 3 de septiembre de 2004, la Magistrada abrió a pruebas, sin que tuviera en cuenta el recurso interpuesto por la Alcaldía, al que había acompañado la prueba de que la contestación había sido oportuna, ni el pedido de aplazamiento de la audiencia. %���� By accepting, you agree to the updated privacy policy. en el proceso de revisión del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera . En el Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC están depositados materiales en formato digital fruto de la producción científica o académica, de esta manera permite almacenar, difundir y preservar información de vital importancia. Berta Lucía Luna Benítez. Nuestra incapacidad de adaptación frente a las demandas que realiza el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nuestros procesos sancionatorios continuará acarreándonos más declaratorias de responsabilidad ante estrados internacionales. Quiere decir lo anterior que en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los aspectos no regulados en la Ley 472 de 1998, se aplicarán las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. V-6.853.850. accionante, al implementar, una figura sin incidencia salarial denominada estímulo al Dicha interpretación comenzará a regir desde la publicación de la presente resolución. Puede aceptar el uso de cookies pulsando el botón de “Aceptar”. Don Florencio (Técnico de Prevención de Riesgos Laborales) es condenado como cooperador necesario de un delito contra la seguridad de los trabajadores, con una pena de cuatro meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, junto con una multa durante cuatro meses de un pago de seis euros diarios. Así, concluye que la decisión de la Corte Interamericana en el caso Petro Urrego vs. Colombia, al no haberse referido a estas causales específicamente, no pueden ser consideradas contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y abundando en razones, la Corte siguiendo esta regla general expresada,  en la sentencia C-1114 de 2003 explicó que ni aun tratándose de la notificación por correo electrónico es posible obviar los principios expuestos en la jurisprudencia, por lo que declaró que para efectos de la notificación por tal medio electrónico “no se tendrá en cuenta la fecha de envío del correo sino al día siguiente de recibido”. 18 de la Corte Constitucional emitido el 20 de mayo de 2021, informa sobre la decisión proferida por esta corporación respecto de la constitucionalidad de la expresión “o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión”, contenida en los artículos 43.1 y 95.1 de la Ley 136 de 1994, 30.1 y 33.1 de la Ley 617 de 2000. 3. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. n.° 18164-202... 2022-2023 Diapositivas Derecho Civil Obligaciones (1).ppsx, MASTER_MALOS_TRATOS_Y_VIOLENCIA_DE_GENER.pdf, Escuela Internacional del Doctorado de la UNED, Debido proceso en jurisprudencia de corte interamericana ddhh 293-295.pdf, TRABAJADOR CAS - QUÉ HACER CONTRA UN DESPIDO - AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI.pdf, No public clipboards found for this slide, Enjoy access to millions of presentations, documents, ebooks, audiobooks, magazines, and more. 2.4 Planteado así el presente asunto, debe examinarse si frente a la supuesta vulneración del derecho de defensa en el trámite de la acción popular, el afectado tiene medios de defensa judicial en el interior del proceso, o si la acción de tutela es el único medio para remediar tal violación. Allí el tribunal internacional establece de manera clara que las causales establecidas en el inciso segundo del artículo 23 de la Convención son específicas, únicamente con fundamento en ellas puede darse una limitación a los derechos políticos de los ciudadanos[5]. Vistos: El Juzgado de Letras y Garantía de Calbuco, por sentencia de treinta de enero de dos mil veintidós, en los antecedentes RUC 2.210.005.294-K, RIT Se pronunció sobre la solicitud de nulidad, aunque señaló que no se configuró en razón como se hizo la notificación por el Tribunal. [5] Corte Interamericana de Derechos Humanos (8 de julio de 2020). Las apelaciones que realizan los condenados, que se encuentran en los "fundamentos de derecho". Dicho Municipio, por medio de apoderada judicial, contestó la demanda el día 24 de junio de 2004, es decir, en forma extemporánea.” (fl. 8. En suma, entendida la norma en el sentido de que se aplica a todos los autos dictados durante el trámite de las acciones populares, no se desconoce la Carta Política pues el legislador en ejercicio de su libertad de configuración puede señalar en qué casos es o no es procedente el recurso de  apelación, decisión que, según se advirtió, no conculca el principio de la doble instancia, ni los derechos de defensa, de acceso a la justicia y además la igualdad, porque con tal determinación se persigue una finalidad constitucionalmente admisible como es la de obtener la pronta y efectiva protección de los derechos e intereses colectivos amparados con la acciones populares, imprimiéndole celeridad al  proceso judicial correspondiente." La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente. Esta interpretación resulta sumamente interesante y amerita un único reparo: la protección de garantías judiciales en el procedimiento que actualmente adelanta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. <>stream Si a ello se agrega que en el sub lite se informó a la comunidad mediante "comunicado de prensa" transmitido el 31 de julio de 2001, en las horas de las 11:00 A. M.  y  las 2:00 P.M., por Emisora Fuentes de la ciudad de Cartagena ( folio 68 ), sobre la iniciación del trámite de la respectiva acción, se puede colegir que no se les violó el derecho de defensa, puesto que en el evento de que por su situación personal puedan ser afectados por las resultas del proceso, el interés que llegaren a tener en el asunto pudieron haberlo hecho valer como litisconsortes facultativos, esto es, como terceros coadyuvantes de la parte demandada, o intervinientes adhesivos, siguiendo el artículo 52 del C. de P.C., para lo cual tuvieron la oportunidad debida en la primera instancia, hasta antes de que se hubiera dictado la sentencia respectiva, más cuando a la demanda se le dio la publicación de ley. También señala el escrito de tutela que de la supuesta extemporaneidad la Alcaldía se enteró cuando, mediante auto de sustanciación de fecha 23 de junio de 2004, notificado por estado del día 25 de junio de 2004, se le solicitó al señor Alcalde comparecer a audiencia especial, fijada para el 1º de julio de ese año. 3. La sentencia que se ha analizado para la realización de este trabajo es una apelación de un procedimiento penal llevado a cabo por dos delitos: uno contra la salud y seguridad de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia. /CreationDate (D:20221213192100+01'00') En efecto, el artículo 44 de la Ley 472 de 1998 preceptúa que en los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en esa ley, mientras no se opongan a la naturaleza y finalidad de esas acciones. Recuperado de https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf, [3] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, con la finalidad de nivelar salarialmente Cuerpo Colegiado: corte constitucional l.2. mauriciousumen@hotmail.com, [2] Caso López Lone vs. Honduras, Serie C No. Ha señalado también la Corte que, inclusive en para efectos de la impugnación, el debido proceso se vería quebrantado si se permitiera correr el término a partir del día en que el correo detenta el oficio contentivo de la notificación y no desde su recibo. reservados, Redes sociales Por lo tanto, procede al estudio de la impugnación presentada. La Corte Constitucional expone lo siguiente: “En cuanto a la exclusión del ejercicio de una profesión, la Sala advirtió que esta sanción solo está prevista para algunas profesiones y cada una tiene un procedimiento ético propio, dirigido por autoridades distintas. situación del actor se enmarque dentro de aquellas circunstancias excepcionales que la 4.2 De acuerdo con lo anterior, se ve que la normatividad vigente sobre la notificación personal en las acciones populares no contempla ninguna excepción en cuanto al momento en que se surte la notificación sino que, por el contrario, remiten a lo dispuesto en el derecho administrativo, en donde también opera la regla general. igualdad, al trabajo en condiciones dignas y la aplicación de la ley laboral más favorable? Porque si la notificación no se surte adecuadamente, se afectan en forma grave los derechos fundamentales al debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución, el acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Carta y se lesiona el cumplimiento de los principios constitucionales de celeridad, eficiencia e igualdad de la función judicial, dado que la publicidad del proceso fija el momento en que empiezan a correr los términos judiciales e impide que la justicia tenga que desgastarse en una controversia innecesaria, encaminada a demostrar por parte del juez que se surtió la notificación aunque la realidad demuestre otra cosa. 18 de la Corte Constitucional emitido el 20 de mayo de 2021, informa sobre la decisión proferida por esta corporación respecto de la constitucionalidad de la expresión “o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión”, contenida en los artículos 43.1 y 95.1 de la Ley 136 de 1994, 30.1 y 33.1 de la Ley 617 de 2000. b) También sobre la alegada nulidad en el trámite de primera instancia, el Consejo de Estado examinó la condición de personas indeterminadas de los apelantes, que no fueron citados al proceso por el a quo. Bogotá: Ediciones Nueva Jurídica. Bono Alimentario 2022: Link para consultar si soy beneficiario de los... ¡Atención! AP-0011) (se subraya). Inicialmente, los argumentos parecen sólidos: la inhabilidad es consecuencia y/o resultado de un proceso judicial, cuando determinados servidores de elección popular, durante el desempeño de su cargo, incurren en violación del régimen de conducta determinado por la ley. V-15.819.685 contra del ciudadano ALBERTO JOSE TORRES MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. ), C.P. En esta sentencia se observan dos tipos de responsabilidades: Delito contra la salud y seguridad de los trabajadores. En el caso, dentro del término de ejecutoria de la sentencia de 11 de mayo de 2000, el accionante interpuso por escrito el recurso de apelación sustentado, sin que en dicho memorial se hiciera referencia en parte alguna a la práctica de pruebas en el trámite de segunda instancia, por esta razón y de conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998, se procedió a resolver de plano el recurso de apelación. Juzgado quinto civil del circuito de Cúcuta, negó la solicitud de amparo de los derechos En consecuencia, se DECLARA DISUELTO el vínculo conyugal que contrajeron por ante El Registro Civil Municipal de Barinas del Estado Barinas, según se evidencia en copia certificada del Acta de Matrimonio, signada con el Nº 0670, Año 2015, expedida por dicho Órgano, que corre inserta al folio s..... Por las razones anteriormente expuesta, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS JOSÉ FÉLIX RIBAS Y JOSÉ RAFAEL REVENGA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, con sede en la Ciudad de La Victoria, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio 185, del Código Civil Venezolano, presentada por el ciudadano JOSÉ LUIS NAVARRO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 1 0 obj <>/Font<>>>/Subtype/Form/BBox[0 0 100 38]/Matrix[1 0 0 1 0 0]/Length 95/FormType 1/Filter/FlateDecode>>stream /Subject (Tribunal Militar Territorial - Militar) /Keywords (Jurisprudencia, Tribunal Militar Territorial, Militar, STMT 71/2022, ES:TMT:2022:71) (…)”. El juicio previo, por el que se dictó sentencia, en el apartado "antecedentes de hecho". endobj V-8.691.692 contra la ciudadana MAYTE COROMOTO HERNÁNDEZ PÉREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. Notificación del auto admisorio de la demanda. Y es que, si se observa con detalle, una inhabilidad permanente es, en palabras sencillas, la muerte política de una persona. 4.4 Por su parte, de acuerdo con los documentos que obran en el expediente, el trámite de la notificación se surtió así : El 31 de mayo de 2004 se presentó la acción popular contra el municipio de Jamundí. �*�2R��2Pp��B���P��R��� La Ley 472 de 1998 estableció en el artículo 21 la forma de hacer las notificaciones del auto admisorio de la demanda cuando se trate de entidades públicas. %���� La Corte  declaró exequible esta disposición, en razón de la naturaleza expedita de esta clase de acciones. No obstante, obsérvese que las disposiciones normativas hacen clara referencia a la pérdida de investidura de los congresistas. IUSLatin.pe | Revista Jurídica de Derecho, TC declara inconstitucional exigir que primero vaya el apellido paterno, Protector facial no será necesario para vuelos nacionales e internacionales, Fuerza Popular solicita al JNE anular resolución que suspende a Luis Arce, Análisis de tipicidad del delito de rebelión (caso Pedro Castillo) [Apelación 248-2022, Suprema], Excepción de improcedencia de acción: ¿qué es el juicio de composición y descomposición típica? El Comunicado No. 2019, sospecha grave y el. stream análisis de la sentencia T-290/11 -corte constitucional, sala séptima de revisión. JURISPRUDENCIA Roj: STMT 71/2022 - ECLI:ES:TMT:2022:71 Id Cendoj:08019830032022100017 Órgano:Tribunal Militar Territorial Sede:Barcelona Sección:3 Fecha:10/10/2022 Nº de Recurso:4/2016 Nº de Resolución:12/2022 Procedimiento:Sumario Ponente:JOSE LUIS HERRERO GARCIA Tipo de Resolución:Sentencia TRIBUNAL MILITAR TERRITORIAL TERCERO 89 y 60 del cuaderno principal). El pasado 21 de junio el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 641/2021, la cual abre la puerta para traer abajo una de las instituciones patriarcales más naturalizadas que tenemos: la obligatoriedad de poner el apellido paterno en primer lugar. Primero : Confirmar, únicamente por las razones expuestas en esta providencia, la sentencia proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado, de fecha 3 de diciembre de 2004, en la acción de tutela presentada por el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. 5.9 Por estas razones se confirmará la sentencia que se revisa y para lo pertinente, se ordenará que por Secretaría de la Corte se le envíe al Consejero ponente copia de esta decisión. 4.6 No obstante la situación descrita, la misma no conduce necesariamente a que el juez de tutela deba examinar el caso y decidir la procedencia de la acción de tutela por las siguientes razones : El criterio consolidado de la Corte ha fijado como regla general que frente a la posible ocurrencia de una vía de hecho en el trámite de un proceso judicial o en el ejercicio de una acción judicial, la parte afectada con tal hecho puede acudir a los recursos previstos en la ley, con el fin de remediar el daño causado. Además, obra en los archivos de Correos de Colombia, Adpostal, en la planilla de entrega a domicilio que el día 9 de junio de 2004 llegó el oficio de notificación, el cual fue recibido en la misma fecha en el despacho del Alcalde. Al respecto se advierte que el memorial contentivo de la solicitud de nulidad fue presentado el 13 de julio de 2000, es decir, dentro del término de ejecutoria de la sentencia proferida el 30 de junio del año en curso mediante la cual se resolvió el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia. Además, comunica las reparaciones necesarias de las máquinas a Don Felipe. 4.1 La Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones” estableció en el artículo 21 la forma de hacer las notificaciones del auto admisorio de la demanda cuando se trate de entidades públicas, así : “Artículo 21. En consecuencia, se DECLARA DISUELTO el vínculo conyugal que contrajeron por ante El Registro Civil del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, según se evidencia en copia certificada del Acta de Matrimonio, signada con el Nº 082, Año 2013, expedida por dicho Órgano, que corre inserta al f..... Tribunal Primero en Función de Juicio, LOPNA, Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios José Felix Rivas y Rafael Revenga. directamente, a quienes se encontraban bajo el régimen con retroactividad de sus /Length 3 0 R Exp. Y si, efectivamente, no se agregó al expediente el poder, ello no desvirtúa la verificación que de la existencia del mismo hizo la Señora Magistrada. El expediente llegó a la Corte Constitucional, por remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. (…), Cuando se trate de entidades públicas, el auto admisorio de la demanda deberá notificarse personalmente a su representante legal o a quien éste haya delegado la facultad de recibir notificaciones, todo de acuerdo con lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo.”, Como existe remisión a las normas del Código Contencioso Administrativo, hay que decir que el artículo 23 de la Ley 446 de 1998 establece que la  notificación del auto admisorio de la demanda se tramita así : “Artículo 23. 5. Esto se trae a colación a propósito de lo consignado en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se consagran las normas de interpretación del tratado internacional. Resulta en extremo preocupante que las consideraciones inicien por efectuar la legitimación del órgano legislativo nacional sin sopesar sus incidencias en la conculcación de derechos humanos, análisis preliminar que debería tener cualquier regulación normativa. Guarde mi nombre, correo electrónico y sitio web en las cookies de este navegador para la próxima vez que comente. Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil cinco (2005). #13105544#352146585#20221207090819458 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera Hizo especial énfasis en el pronunciamiento proferido por esa Corporación con ocasión de la tutela concedida por la Corte Constitucional respecto de un proceso de pérdida de investidura. l.2. Por consiguiente, la sentencia será confirmada." Aún cuando la Corte Constitucional reitera lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y señala que, en efecto, la jurisprudencia interamericana ha señalado que las autoridades administrativas no deben de tener potestad para limitar derechos políticos, defiende su posición con el argumento del “margen de apreciación del Estado” y de que tales disposiciones “no dependen de la voluntad del gobernante de turno”. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente. [1] Abogado de la Universidad Industrial de Santander, especialista en derecho administrativo de la Universidad Nacional. Por Maria Cristina Charlez Aran, doctora en Derecho de Familia y abogada del Colegio de Abogados de Zaragoza. Sentencia 641/2021 EXP. De manera que la Defensoría del Pueblo si estuvo debidamente representada en el proceso y, por tanto, no se configura causal de nulidad que invalide lo actuado. Este delito es atribuido en un primer momento a don Felipe y don Fructuoso (Jefe del Taller y Jefe de la sección de pintura, respectivamente) con una pena de cinco meses de prisión, ibhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo y multa de cinco meses con una cuota diaria de cinco euros. Teniendo en cuenta que el término de traslado para contestar la demanda se cuenta el día siguiente al envío de dicho oficio, el término de traslado corrió los días 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18 de junio de 2004. Estas afirmaciones resultan por completo opuestas y entran en confrontación directa con los considerandos 96 a 98 de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia. Dentro de sus funciones se encuentran la del mantenimiento de los equipos de su área y repartir las órdenes de trabajo entre los trabajadores de su sección. Acción de tutela instaurada por el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, contra el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Por tanto, se trataba de un fallo (que posteriormente se comprueba que todos los trabajadores lo tenían como asumido) y que no se había producido justo antes de producirse el accidente. Oídas las exposiciones de las partes, revisadas las actuaciones que conforman la presente causa N° 2C-37.884-20, este Tribunal Segundo en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PUNTO PREVIO: Se divide la continencia de la . [6] Gómez, C. (2020). La Sala en el punto considera que la normatividad especial, como ya se dijo, persigue la agilidad del procedimiento, sin desconocer la prevalencia del derecho sustancial y el debido proceso, observados en el sub lite, por cuanto se dio aplicación a las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998, es decir, a la normatividad especial de aplicación prevalente, cuya inobservancia sí generaría el desconocimiento de las formas propias del proceso. l.l. V-6.810.596 contra el ciudadano RAFAEL ANTONIO PORTILLO TORRES, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. El día 27 de diciembre de 2005, Hilario, que era mecánico y electricista del taller, iba a sustituir un manguito del circuito de refrigeración de un coche, para lo que necesitaba utilizar un elevador. Ahora bien, el Consejo de Estado, como juez de segunda instancia, ha proferido una importante jurisprudencia respecto de las acciones populares, de los recursos, la legitimación pasiva y activa, las nulidades en el trámite de las acciones, el incentivo económico, las pruebas, los alegatos de conclusión en la etapa de apelación, la moralidad administrativa, entre otros temas, y, lo que resulta más significativo es que en estas decisiones no se ha limitado a conocer sólo la sentencia apelada, sino que se  ha proferido pronunciado sobre el trámite surtido en la instancia. 4.3 La elaboración del anterior análisis obedece a que en este punto radica la discusión objeto de esta acción de tutela, pues en el auto de fecha 20 de septiembre de 2004, en el que se resolvió el recurso de reposición que elevó la Alcaldía reclamando que la contestación había sido hecha oportunamente, la Magistrada que condujo la acción pública consideró que el término para contestar la demanda de acción popular se empezó a contar al día siguiente al envío por correo, y, que además había que tener en cuenta el término de la distancia entre Cali y Jamundí. jurídica de un. En tal sentido, el máximo intérprete de la Constitución Política exhortó al Congreso de la República a establecer un mecanismo de solución ante la disconformidad entre ambos padres progenitores para asignar el orden de apellidos a sus hijos, en el Artículo 20 del Código Civil vigente. Aunque parezca apresurado adoptar una posición frente a la sentencia del Tribunal Constitucional cuando solo se han dado a conocer de manera resumida las consideraciones en el comunicado, la claridad que vislumbra el sentido de la decisión es suficiente: La Corte Constitucional no rectificará su precedente jurisprudencial en arreglo a las exigencias realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos en Colombia. confianza y manejo. IUS Latin - La Revista Latinoamericana de Derecho, a través de su plataforma online publica artículos producto de la investigación científica en cualquier disciplina de las ciencias jurídicas; constituye un aporte original, sistemático y generador de contenidos. Sin embargo, esa circunstancia no es indicativa de que efectivamente dicho apoderado careciera de poder de la Defensoría del Pueblo, pues del contenido del acta de la audiencia suscrita por quienes a ella asistieron, entre otros, la apoderada que interpone el recurso de apelación, se desprende que la Señora Magistrada Sustanciadora estableció esa calidad de apoderado, pues, además, afirmó que se anexaba poder. Notificaciones de las entidades públicas. : RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA, veintitrés (23) de agosto dos mil once (2011), [4] Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas (2020). Por su parte, el Secretario del Tribunal señaló los días en que corrió el término de traslado de la demanda, con el fin de demostrar que fue extemporánea la contestación, pues el término de traslado para estos efectos se cuenta desde el día siguiente al envío por correo del oficio respectivo. Debido a que la sanción de exclusión de ejercicio de abogado es adoptada por una autoridad judicial, como lo es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, esta sería la única habilitada para limitar un derecho político. La Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte, en auto de fecha 18 de marzo de 2005 eligió, para efectos de su revisión, el expediente de la referencia. Mediante la sentencia C-146 del año en curso, la Corte Constitucional determinará que no es incompatible tal enunciado con los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El literal a) del artículo 29 de la Convención señala que ninguna disposición del tratado puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención. endobj PRINCIPAL 173/10 La Secretaria de Acuerdos, adscrita al Juzgado, LA SENTENCIA ANTICIPADA OPUESTA AL DEBIDO PROCESO. 3.1 La doctora Bertha Lucía Luna Benítez, Magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, que conduce la acción popular, en comunicación del 12 de noviembre de 2004 anexó el trámite adelantado por la Secretaría del Tribunal en relación con la notificación del auto admisorio de la demandada e informó que para esa fecha el proceso se encuentra en Secretaría pendiente de la notificación de la sentencia por edicto. De acuerdo a la conclusión a que se llegue, esta acción será o no procedente. Respuestas de la Magistrada y del Secretario del Tribunal. Miembro del Consejo de la Prensa Peruana 2022. presunción instancia. Do not sell or share my personal information, 1. Segundo : Para los efectos expuestos, enviar copia de esta sentencia al Consejero ponente del Consejo de Estado, doctor Camilo Arciniegas Andrade, que tramita el recurso de apelación. La Corte es competente para conocer de esta demanda, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y en los artículos 33 a 35 del decreto 2591 de 1991. Suscríbase para recibir noticias y recursos acerca de nuestros servicios. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en auto de fecha 2 de junio de 2004 admitió la demanda de acción popular instaurada por Esther Lyda Rodríguez de Córdoba contra el municipio de Jamundí. Cuando en un proceso ante cualquier jurisdicción intervengan entidades públicas, el auto admisorio de la demanda se debe notificar personalmente a sus representantes legales o a quien éstos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA 526 DE LA SALA CONSTITUCIONAL, SENTENCIA INCONGRUENTE, LA QUE INTRODUCE UNA NUEVA ACCIÓN EN SUPLENCIA DE LOS PLANTEAMIENTOS DE DERECHOS. endobj 5.1 En cualquier proceso ordinario, frente a una situación como la descrita en esta acción de tutela, la parte afectada con la posible conculcación del derecho de defensa por haberse considerado erradamente la fecha en que se surtió la notificación de la demanda - tal como lo alega el actor -, la ley prevé los remedios procesales dentro del propio proceso : incidente de nulidad, los recursos ordinarios de reposición, de apelación e, inclusive, los extraordinarios de revisión o súplica, lo que hace improcedente la acción de tutela, pues, como se dijo, es dentro del propio proceso judicial como se debe restablecer el derecho desconocido. Free access to premium services like Tuneln, Mubi and more. Cuerpo Colegiado: corte constitucional l. Identificación de la Jurisprudencia: Sentencia T-290/11 4. <>/Type/XObject/ColorSpace/DeviceGray/Subtype/Image/BitsPerComponent 1/Width 86/Length 245/Height 15/Filter/CCITTFaxDecode>>stream Res n.° 11. Copyright © 2021 drabogados - Diseñado por: Tu dirección de correo electrónico no será publicada. En auto de 20 de septiembre de 2004, la Magistrada resolvió no reponer el auto de 3 de septiembre de 2004, porque, según copia de la planilla de correo certificado y teniendo en cuenta el término de la distancia Cali-Jamundí, el plazo empezó a correr entre los días 4 al 18 de junio de ese año, por lo que la contestación recibida el 24 de junio es extemporánea. Esta acción de tutela fue presentada por la apoderada de la Alcaldía de Jamundí, el día 8 de octubre de 2004, ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, que lo remitió por competencia al Consejo de Estado. Obsérvese que esta es una visión sustancialmente distinta a la expresada por el Consejo de Estado en la sentencia que se revisa, en la que esa Corporación niega la posibilidad de la acción de tutela en estos casos sólo por atacar una providencia judicial, sin detenerse a examinar si la misma es una vía de hecho, si hay un perjuicio irremediable y si el afectado tiene otros medios de defensa judicial. De nuevo sobre las consecuencias jurídicas de la nulidad, por abusivas, de las condiciones generales de vencimiento anticipado en los préstamos, Accidentes de vehículos en la era de los robots, Discurso de odio y delito de odio, no, no es lo mismo, El uso de la regla y la excepción (del caso normal y del caso anómalo) en la construcción dogmática, La invención por la dogmática del derecho moral del autor, Caso: la transformación de un terreno agrícola en un ‘resort’ turístico, Tu mejor clase: Los sistemas jurídicos y sus normas o de cómo no hay más derecho que los sistemas jurídicos diversos, Tu mejor clase: Derechos reales en el Derecho Internacional Privado: de quién son las cosas depende de dónde estén, Tu mejor clase: La discrecionalidad de la Administración Cómo manda la Administración cuando la Ley no manda, Tu mejor clase: El mayor invento no tecnológico de la historia: las personas jurídicas. Señaló el Auto del 31 de mayo de 1999 : “El ejercicio del derecho de defensa resultaría gravemente afectado si al término de impugnación, se le resta el tiempo que tarda la comunicación en llegar a conocimiento del interesado, pues esto haría inoperante e ilusorio el recurso de apelación previsto para el trámite de la acción de tutela. Muchas madres, padres, hijos e hijas, lo agradecerán. 8=%1 �{�i��W�-��o�!�o\�V��k��� ���Z�kL�0+�� �t�j� Tap here to review the details. Mediante auto interlocutorio de fecha 1º de julio de 2004, notificado en el estado de 8 del mismo mes y año, dijo que de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la inconformidad expresada por el ente territorial no tiene relevancia sobre la decisión, pues el momento procesal para determinar si la contestación de la demanda fue oportuna es en la decisión que abre el proceso a pruebas. En estas circunstancias, y dada la condición de personas indeterminadas de los apelantes respecto de los hechos, los apelantes no debían ser citados individualmente al proceso, toda vez que en su caso no se daba el presupuesto para que el juez de primera instancia  hubiera tenido que aplicar en relación con cada uno de ellos el artículo 18, inciso final, de la Ley 472 de 1998, en cuanto dispone que "cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos" previstos para el demandado. Es decir, de acuerdo con la Ley 472 de 1998 y las jurisprudencias aludidas, en las acciones populares sólo existe el recurso de reposición contra autos dictados en el trámite de la misma y el de apelación contra la sentencia de primera instancia. ORDENAR al Reniec que emita el DNI a la demandante con el nombre solicitado como “Jhojana Rudas Guedes”, que se encuentra inscrito en el acta de nacimiento 70618918 del año 2014. 5.5 Resulta también necesario tener en consideración que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado la improcedencia de los recursos extraordinarios con ocasión del trámite de las acciones constitucionales, siendo la acción popular una de ellas : Sala Plena, 9 de noviembre de 2001, Consejero Ponente, doctor Darío Quiñónez Pinilla. We’ve updated our privacy policy so that we are compliant with changing global privacy regulations and to provide you with insight into the limited ways in which we use your data. No existiendo otros recursos, ni estando previsto el trámite de incidentes, el afectado con una decisión en el trámite de la acción popular en la primera instancia únicamente tendría la oportunidad de que por vía de apelación, el, durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella, Al respecto se advierte que el memorial contentivo de la solicitud de nulidad fue presentado el, b) También sobre la alegada nulidad en el trámite de primera instancia, el Consejo de Estado examinó la condición de personas indeterminadas de los apelantes, que no fueron citados al proceso por el, En estas circunstancias, y dada la condición de personas indeterminadas de los apelantes respecto de los hechos, los apelantes no debían ser citados individualmente al proceso, toda vez que en su caso no se daba el presupuesto para que el juez de primera instancia  hubiera tenido que aplicar en relación con cada uno de ellos el artículo 18, inciso final, de la Ley 472 de 1998, en cuanto dispone que ", cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos. Si bien es cierto que, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación procede contra la sentencia que se dicte en primera instancia, en la forma y oportunidad que señala el C. de P. C., un análisis más preciso del tema lleva a la Sala a considerar que el auto controvertido, por el cual se negó el reconocimiento de personería para actuar en este trámite a las sociedades Inversiones Rascovsky Ltda.. y Altos de Teusacá S. A., en aras de la preservación del debido proceso y con miras a la supremacía del derecho sustancial, principios superiores que no pueden ser desconocidos, amerita su revisión por el superior. Sin embargo, la Magistrada ponente consideró que la contestación se produjo extemporáneamente. 2. Voluntario. Se informa que la decisión será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del término del traslado y que tiene derecho a solicitar la práctica de las pruebas con la contestación de la demanda. en el proceso de revisión del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 3 de diciembre de 2004, en la acción de tutela presentada por el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, contra la Magistrada que conduce la acción popular en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. Se precisa de un cambio real de la jurisprudencia constitucional que procure, más que legitimar la función legislativa, la protección de las nociones jurídicas de mayor elementalidad para la humanidad: los derechos humanos. La primera señaló que para la fecha de su respuesta ya estaba pendiente de notificación por Edicto la sentencia proferida en la acción popular. Las consecuencias para el trabajador son fatales, ya que el accidente le produjo lesiones consistentes en politraumatismo que provocaron su fallecimiento dos días después. Este oficio obra a folio 62 con sello de recibido por la Alcaldía el 9 de junio de 2004. C-517 de 1992 Magistrado ponente: Doctor. SALVADOR NARDELLA, en su carácter de Defensor privado del adolescente XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a quien se le sigue la causa, Nº. Por consiguiente no se configura la causal de nulidad que impetran en el recurso, de allí que la misma se denegará." 5.8 Entonces, observa esta Sala de Revisión que está por decidirse la apelación sobre la acción popular cuyo trámite originó esta acción de tutela. Solicita que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso y defensa. Obra el oficio ALOT 2836/004, de fecha 1º de junio de 2004, del Secretario del Tribunal, dirigida al Alcalde de Jamundí, en la que señala que en cumplimiento de lo ordenado por la Magistrada ponente, le comunica sobre la acción popular que se instauró en contra de esa Alcaldía. Por su parte, los magistrados Ferrero Costa y Blume Fortini (ponente) votaron por declarar fundada en parte e infundada en los demás extremos de la demanda, y el magistrado Sardón de Taboada votó por declarar infundada la demanda de autos. << Fecha de la sentencia: catorce (14) de abril de dos mil once (2011) Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios. Notificación de la demanda a las entidades públicas en las acciones populares. Looks like you’ve clipped this slide to already. Impacto en el impuesto a las ganancias con relación al pago de conceptos deri... Pago expedito de creditos laborales en venezuela, aspectos-generales-de-la-criminologiapdf_compress.pdf, LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PÚBLICO - AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI.pdf, FORMACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LOS ESTADOS.pdf. Debe recordarse que en el contexto de la Ley 472 de 1998, la celeridad del procedimiento está dada fundamentalmente por el establecimiento de un término breve para proferir la decisión respectiva (art. Si eres autor puedes añadir a tu producción científica tus publicaciones. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website. El municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, a través de apoderada, presentó el 8 de octubre de 2004, acción de tutela contra la Magistrada que conduce la acción popular presentada contra el municipio, por considerar que se violó el debido proceso en el trámite de esta acción, ya que no obstante haber contestado dentro de los términos la demanda, la Magistrada consideró que fue extemporánea. Sentencia tc sobre contrato intermitente. Dentro de dicho término la parte demandada Municipio de Jamundí, guardo (sic) absoluto silencio. Prolongación Arenales Nº 433 - San Isidro SEGUNDO: Como consecuencia de la admisión, se procede a conocer el fondo del recurso planteado de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal.-. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_302_esp.pdf, https://www.youtube.com/watch?v=Y8urp9KEMyQ&t=4661s, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA POR LA OMISIÓN DE LIQUIDAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, LA DEFENSA TÉCNICA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO: UN ASUNTO PENDIENTE.

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